Diaconía España, una entidad de acción social evangélica centrada en los grupos más vulnerables, ha denunciado el grave impacto de la violencia de género en las mujeres refugiadas. En su análisis, esta organización vinculada a la Federación Evangélica (FEREDE) ha observado el contexto de violencia hacia las mujeres, resaltando su grave incidencia a nivel global y su impacto en las mujeres solicitantes de Protección Internacional en España, así como en aquellas atendidas por la propia entidad.

Según la organización, durante el año 2022 se estimaron 48.000 feminicidios a nivel mundial, según UN WOMEN, con cifras que muestran una distribución preocupante: 2.300 en Europa, 7.900 en América, 18.400 en Asia y 20.000 en África.

Y aunque son datos conocidos y denunciados con anterioridad, Diaconía pone de relieve que en España, desde que se comenzaron a contabilizar los feminicidios en el marco de la pareja o expareja en 2003, se han registrado un total de 1.240 asesinatos según la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, solo en 2023, según el Ministerio de Igualdad, se reportaron 58 feminicidios.

De ahí que la entidad haya puesto en marcha un el Protocolo de actuación ante la violencia contra las mujeres en el Sistema de Protección Internacional, como parte del Proyecto Semilla, liderado por 27 entidades en colaboración con ACNUR y la Subdirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. Este protocolo aborda la detección, valoración y actuación en casos de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja dentro del programa de acogida.

Además, ha llevado a cabo acciones concretas para abordar la violencia de género en sus dispositivos de acogida a nivel estatal, como el programa Un Nuevo Hogar. Estas acciones incluyen detección, evaluación, intervención social, derivación, trabajo en red, sensibilización y formación. La entidad ha destacado la importancia de la coordinación con otros actores, como la red de atención estatal contra la violencia de género, servicios sociales, fuerzas de seguridad del Estado y recursos locales, públicos y privados.

Sin embargo, Diaconía asegura que "se ha enfrentado dificultades, como la falta de recursos económicos, la ausencia de redes de apoyo, barreras idiomáticas y complejidades legales que dificultan el acceso al mercado laboral para las mujeres refugiadas. También han señalado la falta de recursos habitacionales para mujeres sin hogar una vez que salen del programa de acogida, lo que las expone a situaciones de exclusión social y violencia"".

En este contexto, instan a una mayor coordinación entre todos los actores involucrados para mejorar la prevención e intervención en casos de violencia de género contra mujeres refugiadas. Consideran que solo a través de esfuerzos coordinados se podrá abordar de manera efectiva este grave problema social.