Asturias tiene desde hoy un marco legal que permitirá tomar medidas para abordar el reto demográfico. La Ley de Impulso Demográfico es la primera iniciativa legislativa de este mandato y pretende dar respuesta al envejecimiento y el despoblamiento con iniciativas eficaces a medio y largo plazo.

El texto consta de 81 artículos e introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas, al entender que solo con un planteamiento coordinado y transversal podrá contenerse y revertirse la tendencia poblacional. 

La norma se asienta en cuatro pilares fundamentales: fomento de la natalidad y de la conciliación familiar, atracción y retención de juventud, mejora de la calidad de vida en el medio rural y apuesta por la inmigración y el retorno. “Se trata de una ley que toca absolutamente todos los puntos y que constituye una apuesta por el futuro de Asturias”, ha subrayado la consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, tras su aprobación. 

En lo que se refiere al retorno, pone las bases de la estrategia de apoyo al retorno de las asturianas y asturianos del exterior, articulada a través del Plan RetornAs. Uno de los primeros pasos que se han dado han sido la creación el pasado mes de febrero de un grupo de trabajo y la apertura de dos puntos de apoyo al retorno exterior, en Argentina, durante una visita al país austral de la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano. También contempla  una mayor atención a la población inmigrante mediante medidas que favorezcan su arraigo en la comunidad. 

 Además, entre otras líneas de actuación, establece las siguientes:

Clasificación de concejos. Se establecerán cuatro categorías de municipios: demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento.

 Fiscalidad diferenciada. Especifica la necesidad de establecer beneficios para contribuyentes que residan en concejos con especiales dificultades demográficas, así como a determinados grupos sociales o colectivos, tal y como ya se está aplicando.

Fomento de la igualdad y la conciliación. Plantea otorgar prioridad a las mujeres en el acceso a ayudas y subvenciones en municipios con especiales dificultades demográficas, impulsar medidas de conciliación con especial atención al medio rural y dar prioridad a las familias monoparentales.

Arquitectura normativa e institucional. Todos los proyectos de ley, decretos y planes estratégicos que se impulsen deberán ir acompañados de un informe de impacto demográfico. Asimismo, se prevé la creación de una comisión gubernamental como órgano de asesoramiento, apoyo y coordinación.